CASO DE VIOLACIÓN: MOUNSTRUO DE CHICLAYO

Juan Antonio Enríquez García es el ‘Monstruo de Chiclayo’. Tiene 48 años y cumplirá los que le quedan en la cárcel. De efectuarse la ley, será condenado a cadena perpetua por secuestrar, torturar y violar a una niña de 3 años.

Hace unos días, el reinicio de clases presenciales quedó manchado por culpa Gian Barrios, quien fue acusado de violentar sexualmente de un niño de 6 años en un colegio de Comas.

Si retrocedemos más en el tiempo, encontraremos más casos de abusos sexuales a niños y adolescentes en el Perú. Sin embargo, solo se conoce la punta del iceberg. De acuerdo a estadísticas del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP), más de 21 mil menores han sido víctimas de violación solo en los últimos cuatro años. Es decir, al día, 15 menores son abusados en el Perú.

Asimismo, hoy por hoy, en las cárceles del país se registran 10.104 presos por violación sexual de menores. Después del robo agravado, este es el delito con más internos.

En un diálogo con El Comercio, Liz Meléndez, directora del Centro de la Mujer Peruana Flora Tristán, sostuvo que es fundamental hacerle un seguimiento a las personas que han sido acusadas de acoso callejero, tocamientos u hostigamiento para evitar que reincidan.

“Cada agresor que queda impune es un peligro para otras mujeres y niñas. Difícilmente la niña de 3 años fue la primera víctima de Enríquez García, posiblemente hubo otras manifestaciones de violencia que no se denunciaron. Por eso es importante no minimizar ninguna forma de violencia, todas representan un riesgo”, explica.

Con respecto al caso del ‘Monstruo de Chiclayo’, Meléndez indicó que ahora procede que la fiscalía actúe con celeridad para evitar que el caso se prolongue y venza la medida preventiva.

“Hay una profunda indignación ciudadana, no solo ante el caso concreto sino por la sensación de que esto quede impune porque nos hemos acostumbrado a que tengamos un Estado que no responda adecuadamente”, señala

Por último, más allá de garantizar una sanción célere, la especialista puntualiza que es el Estado quien tiene como obligación prevenir y evitar que haya más niños violentados.